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El decreto ‘antiodebrecht’, una ‘papa caliente’ para el gobierno de Kuczynski

El Decreto de Urgencia 003 del Gobierno peruano para castigar con dureza el caso Odebrecht en Perú, se ha convertido en una “papa caliente” para el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski, su promotor, ante las críticas por ser ineficaz, malo para la economía y encubridor de la corrupción. La norma fue aprobada el 13 de febrero de 2017 en medio del escándalo suscitado por las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre las prácticas de su empresa en el país, y con ella el Ejecutivo buscó mostrar una imagen inflexible sobre cómo lidiar con empresas corruptas.

De un plumazo, y con el fin declarado de evitar la paralización de la obra pública, la ruptura de la cadena de pagos y garantizar el pago de reparaciones civiles, el Gobierno ordenó intervenir cuentas, prohibió contrataciones estatales y sujetó a un control tajante la venta de bienes o las transferencias de capital de empresas que hubieran confesado actos de corrupción.

En la práctica, a casi un año de su entrada en vigor lo que obligará a su revisión, anulación o nueva promulgación, solo Odebrecht se ha visto afectada por la norma, ha buscado someterse a procesos de delación de actos de corrupción, y ha visto paralizada sus actividades económicas, incluido el pago a sus proveedores.

Hugo Alache, de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, dijo que para ellos, unas 350 empresas que daban empleo a más de 40.000 trabajadores, la situación es “peor que nunca”.

“El resultado del decreto ha sido que se pararon las obras, al estar intervenida Odebrecht se rompió la cadena de pago. Hasta ahora no se ha solucionado nada, por eso no tiene razón de ser. Los únicos que han pagado la corrupción hemos sido los proveedores”, afirmó.

Como consecuencia, más de un centenar de estos entraron en quiebra, miles de empleados quedaron en la calle y con la paralización generalizada de la obra pública en el país, no han surgido nuevas fuentes de empleo. Tal es así, que la ministra de Economía Claudia Cooper afirmó ayer que la próxima semana presentará un nuevo decreto que busque tanto sancionar a los culpables de corrupción como “hacer viables a las empresas y que, además, sea creíble por el sistema financiero que hoy tiene mucho temor a prestar y a emitir cartas fianzas”.

Pero tras este tema económico, otros críticos han encontrado más inconvenientes al Decreto de Urgencia, empezando por el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, quien en enero dijo que medidas como las que impone esa norma ‘desmotivan’ a las empresas a colaborar con la Justicia. El argumento es que si por confesar no solo no se va a recibir ninguna garantía de reducción de pena, sino que además la empresa será impedida para trabajar, no existirá ningún incentivo para hacerlo.

Hugo Alache denunció que de lo que se trató con el DU 003 fue siempre “beneficiar a los socios locales de Odebrecht”, que pese a conocer y participar en sus prácticas, quedaron fuera de la norma.

Según el vocero de los trabajadores, las recientes palabras del procurador especial para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien dijo que Perú reclamaría 1.000 millones de dólares a Odebrecht como reparación civil, no es más que “una advertencia para todos”.

“Es algo político. Dice (el procurador) que también estudia incluir a las consorciadas con Odebrecht… Es un mensaje a Odebrecht y a esas para que no hablen”, culminó.

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